8 nov. de 2019
De poco o nada valieron este año las alertas difundidas desde San Vicente del Caguán sobre el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos disidentes de la extinta guerrilla de las Farc que se negaron a acogerse al Acuerdo de Paz. Esa ineficiencia de las instituciones públicas para reaccionar a los llamados de socorro, que incluyen a la inteligencia militar, le costó la vida a un grupo de niños, niñas y adolescentes.
Las alarmas que prenden funcionarios locales, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, y hasta el mismo Estado a través de la Defensoría del Pueblo, se están convirtiendo en gritos ahogados por la burocracia capitalina que no atiende con prontitud esas advertencias emitidas desde las regiones más golpeadas por la presencia de grupos armados ilegales.
La paquidermia de aquellas agencias estatales que tienen la responsabilidad de reaccionar con prontitud a los informes que emite el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo y diversos agentes locales y regionales están generando un círculo vicioso: se lanza una alarma, no se atiende y luego, cuando pasa lo que se pudo prevenir, se convierte en noticia que lo ocurrido estaba advertido. Ha pasado en Cauca, también en Nariño, asimismo en el Catatumbo, Arauca, Magdalena, Chocó y otras regiones.
Las dramáticas consecuencias del bombardeo que tenía como blanco un campamento en el que se encontraba un disidente conocido con el alias de ‘Gildardo Cucho’, ocurrido el 29 de agosto de este año, se conocieron el pasado martes en el Senado de la Republica cuando en medio de un debate que impulsaba una moción de censura contra el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, el senador Roy Barreras denunció que en esa acción armada murieron siete menores de edad, cifra que al día siguiente la Fiscalía General de la Nación actualizó a ocho.
Las víctimas identificadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal son José Rojas (15 años), Jhon Pinzón (17 años), Wilmer Castro (17 años), Abimiller Morales (17 años), Diana Medina (16 años), Angela Gaitán (12 años) y Sandra Vargas (16 años). Se desconoce el nombre de la octava víctima.
Más allá de las repercusiones políticas de esa denuncia, que derivaron en la renuncia de Botero un día después del candente debate, y de ponerle los reflectores al municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, en cuya zona rural se registró el bombardeo, lo cierto es que las presiones de las disidencias de las Farc contra los menores de edad de esta región venían siendo advertidas desde 2017, cuando la Defensoría del Pueblo emitió su primera alerta sobre los riesgos que se cernían sobre sus habitantes por la presencia y el accionar de rearmados de la antigua guerrilla más grande del continente.
El primer Informe de Riesgo de Inminencia de ese año fue para los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá tras hacerse públicas las intenciones de una facción de las extintas Farc de no entregar las armas y no desmovilizarse, señalando que “no encontraban garantías” para acogerse al Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 en el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y “se declaraban en disidencia”.
En ese momento, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la posible configuración de nuevos grupos armados ilegales que “buscaban asumir el control territorial y social, en momentos en que las FARC-EP avanzaban en su proceso de entrega de armas y reincorporación a la vida civil”, lo que generaría riesgos para la población civil.
Posteriormente, el 24 de abril del año pasado, emitió una nueva Alerta Temprana, advirtiendo sobre el accionar de desertores de las Farc en San Juan de Lozada, Playa Rica, la Cristalina y en inmediaciones del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Yarí. A partir de ese momento diferentes grupos se han presentado como frentes 1, 7 y 40, que llegaron a Caquetá procedentes de Meta y Guaviare, y poco a poco fueron consolidando su poder en los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá.
Otro grupo, que se autodenomina como ‘Columna Móvil Teófilo Forero’, según registró la Alerta Temprana 068 de 2018, se ubicó sobre el corredor de la cordillera Oriental, por los municipios de San Vicente del Caguán y Puerto Rico, interesado en el control de “las rentas legales (ganadería, bienes y servicios, explotación petrolera) e ilegales (economía de la coca y control de corredores del narcotráfico)”.
El tema del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes fue reseñado por otra alerta temprana, esta vez emitida el 4 de enero de este año: “Para lograr el control sobre el territorio y la población, fortalecer sus finanzas y su organización, han implementado el cobro de exacciones forzosas, algunas de las cuales se hacen a través del envío de citaciones y mensajes a la población civil so pena de sufrir represalias. Así mismo, han efectuado acciones de reclutamiento forzado de adolescentes, así como también se han reportado ofrecimientos a excombatientes de FARC-EP con el objetivo de lograr su vinculación”.
El documento reseñó un caso, ocurrido en abril de 2018, en el que fueron reclutados tres adolescentes en la Inspección de Policía de Puerto Betania, en San Vicente del Caguán. “Adicionalmente, se conoció sobre amenazas de reclutamiento forzado y posteriores desplazamientos forzados hacia el sector de las Damas y San Juan de Lozada”, complementa la Alerta Temprana.
Por esa razón, en comunicación dirigida a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, encargada de coordinar la Secretaria Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Temprana (CIPRAT), cuya función es mitigar los peligros advertidos, refiere que en “especial situación de riesgo se encuentran los líderes y las lideresas comunales, sociales y de víctimas; las personas en proceso de reincorporación; la población socialmente estigmatizada; los niños, niñas, adolescentes y los servidores públicos”.
Promesa incumplida…
Más allá de Botero…
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