La vida de las monjas carmelitas descalzas del convento de San Bernardo, en el norte argentino, parecía transcurrir tranquilamente en medio de sus continuas oraciones, trabajos en el jardín, labores manuales y esporádicos contactos con familiares a través de las rejas.
Pero la paz que uno imagina entre los muros de la imponente construcción colonial no era tal. Así se desprende de la denuncia interpuesta por los 18 carmelitas que allí residen contra el arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, y otros dos religiosos por presunta violencia física y psíquica, que ha generado un terremoto en esa localidad ubicada a unos 1.400 kilómetros de Buenos Aires. una de las más católicas de Argentina.
La denuncia de las monjas es un hecho inédito que ha derivado en algo también sorprendente: la citación por parte de la justicia a Cargnello y a los otros dos sacerdotes -el emisario vaticano Martín de Elizalde y el asistente en la catedral salteña Lucio Ajalla- a que el El martes dan su versión de las acusaciones.
La audiencia fue convocada por un Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Salta luego de que las carmelitas denunciaran a la religiosa el 12 de abril. violencia” que rige en la provincia de Salta. También instruyó a los sacerdotes a “abstenerse de ejercer actos de violencia” y acercarse al convento, custodiado por la policía.
Sin embargo, un día antes de la fecha prevista, la audiencia fue suspendida luego de que la defensa del arzobispo presentara una nota que decía que Cargnello participará en las deliberaciones de la Conferencia Episcopal Argentina cerca de Buenos Aires, informó el Poder Judicial de Salta. También recurrió ante un tribunal una resolución del juez que había declarado que la justicia ordinaria es competente en el caso, en lugar de la canónica.
De los otros dos imputados no se conocen oficialmente sus posiciones ya que no presentaron abogados.
Eduardo Romani, abogado del arzobispo, ha negado que el prelado haya maltratado a las monjas y ha afirmado que “estamos a la espera de que se investigue el verdadero trasfondo de esta historia, que puede ser económico”. En ese sentido, dijo hace una semana a The Associated Press que el foco debe estar puesto en un laico que está administrando propiedades carmelitas.
“Para la Iglesia las monjas son motivo de orgullo, no queremos que se utilicen. No lo vemos como un enfrentamiento”, dijo el abogado. Poco después, el tribunal ordenó que los abogados de las partes no hicieran más declaraciones periodísticas.
El caso llegó al Vaticano. Varios meses antes de presentar la denuncia, las monjas habían presentado sus denuncias ante la Santa Sede por los presuntos malos tratos reiterados al arzobispo. La Santa Sede nombró a Elizalde para que los escuchara y evaluara su gestión del convento, pero la religiosa terminó viciada por las acusaciones.
La actitud de las carmelitas ha puesto en pie de guerra a los grupos feministas en un país que está a la vanguardia en la defensa de los derechos de las mujeres en América Latina y ha movilizado a su vez a grupos civiles y religiosos, como el Presbiterio de Salta, en defensa de las denunciadas. .
“Es histórico en la lucha feminista que un obispo y otras religiosas sean advertidas de esta manera por la justicia”, dijo a The Associated Press Tania Kiriaco, asesora legal de la Fundación Gema, Género y Masculinidades.
Bajo el lema “Hermana sí te creo” ya pesar de la suspensión de la audiencia judicial, la agrupación convocó este martes a un abrazo simbólico en el convento junto a una veintena más de agrupaciones. Las feministas argentinas, que en general se expresan en contra del catolicismo, están sorprendidas por el paso dado por las monjas en una provincia conservadora que es escenario de continuos casos de violencia de género.
“Lo que hicieron supone una ruptura del orden, del maltrato ejercido por un superior religioso. Saben que tienen derechos”, resaltó Kiriaco.
La actitud de las monjas generó apoyo entre los salteños entrevistados por AP.
“Quiero que se le aplique la ley como a cualquier otro… si lo declaran culpable, que vaya a la cárcel. Esto ha sorprendido a todos, que las monjas se hayan atrevido a denunciar, el obispo nada menos”, dijo Enzo Di Gianantonio.
Anabel Alfarano afirmó que “las mujeres no se callan cada vez más en el norte, donde hablar es vergüenza y te señalan”.
El juez buscó determinar, con base en los argumentos esgrimidos durante la audiencia por los imputados y los informes psicológicos que deben realizar todas las partes, cuáles serían los siguientes pasos, que pueden incluir un proceso penal. Se desconoce si el magistrado fijará una nueva fecha.
Encabezadas por la priora María Fátima del Espíritu Santo -máxima autoridad del convento-, las monjas decidieron actuar porque ya no soportaban que las maltrataran, dijeron a AP sus defensores antes de que el tribunal ordenara el silencio de las partes.
“El encierro no las separa del conocimiento del dolor… Desde su condición de mujer se sienten vulneradas, ejercen un derecho y hacen un pedido desesperado de ayuda”, dijo la abogada Claudia Zerda Lamas.
Según él, las monjas sienten “miedo sostenido desde hace muchos años” ante la posibilidad de perder la condición de carmelitas y otras supuestas amenazas.
El episodio que motivó la formalización de la denuncia ocurrió en el convento en octubre de 2020, durante el velatorio de una monja.
Según los carmelitas, Cargnello respondió de muy mal humor ante el féretro porque en las cercanías se instaló una imagen de la llamada Virgen del Cerro, muy popular en Salta luego de que una mujer dijera en la década de 1990 que se le había aparecido a ella y a a quien el arzobispo no reconoce, lo que ha provocado tensiones con las monjas durante mucho tiempo.
Sin embargo, señalan sus defensores, en 1997 el anterior arzobispo autorizó a las monjas carmelitas a difundir entre los visitantes del convento los mensajes de esa Virgen que atrae cada semana a miles de personas a un santuario, por considerar que no iban contra la fe católica. .
Cargnello habría dado un discurso agresivo a las monjas “con diferentes tipos de intimidación”, dijeron Zerda Lamas y su colega José Viola.
El momento de violencia física se habría producido cuando, a petición de la priora, una hermana filmó el momento del velatorio, que fue observado por el sacerdote Ajalla, que acompañaba al arzobispo “como un guardaespaldas” y que “se abalanzó sobre la monja para quitarle la videocámara”. Después de eso, la priora recuperó la máquina de las manos de Ajalla, lo que provocó que él la golpeara en un brazo y al arzobispo en el otro para que soltara la cámara.
Este material visual y de audio acompañó la denuncia, que también incluía presuntas agresiones ocurridas en otras ocasiones.
Las monjas también cuestionaron que Cargnello esté bloqueando la renovación del cargo de priora, cuyo mandato expiró en febrero, lo que generaría problemas en la administración del monasterio con su consiguiente perjuicio económico.
No es la primera vez que Salta es protagonista de un escándalo que afecta a religiosos. La última fue la condena en marzo del obispo emérito Gustavo Zanchetta a más de cuatro años de prisión por el abuso sexual de dos seminaristas.
En tanto, en 2021 Agustín Rosa Torino perdió su condición de clérigo tras ser condenado por la justicia local a 12 años de prisión por abusar de dos novicias y una monja.
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