Sigue la grieta en la Iglesia y el Vaticano se expidió sobre el caso de las monjas de Salta: qué les ordenó

 Lo hizo en un documento fechado 12 días antes de la denuncia de las carmelitas contra el arzobispo y dos sacerdotes por violencia de género.

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CÓRDOBA.– ElVaticanoyase involucró en el problemaentre elarzobispo de Saltay las monjas de clausura delconvento San Bernardode esa ciudad, quienes lodenunciaron –junto a otros dos sacerdotes, uno de ellos, “veedor” de la Santa Sede– por supuesta violencia de género. En un documento al que accedióLA NACION,fechado el 30 de marzo, 12 días antes de la presentación judicial, les anuncia a lashermanas carmelitasque se nombrará un “auxiliar apostólico” y les pide que no se involucren con la “vidente”, como llama aMaría Livia Galliano, la mujer que dice tener “apariciones” de la “Virgen del Cerro”              . Esa devoción es, como se contó en notas anteriores,el eje del conflicto. 

LaCongregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, de la que dependen lasmonjas de clausuradel convento San Bernardo de Salta, es la que emite el documento, que lleva la firma deJosé Rodríguez Carballo, arzobispo secretario.    

En el texto plantea que la orden “no debe en ningún modo involucrarse en actividades ligadas a la así conocida Obra Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús y Yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús y sostener esta actividad, que claramente tiene sus repercusiones entre los fieles”. Las carmelitas descalzas son socias de la fundación.

LA NACION consultó a los abogados de las monjas, Claudia Zerda Lamas y José Viola si conocían este documento y qué relación había con la denuncia. “Hay una orden judicial de ayer que nos impide hablar con la prensa”, fue la respuesta del letrado. En tanto, el abogado del obispo,Eduardo Romani, había dicho ante este diario que el conflicto por la “Virgen del Cerro” no era “especialmente” importante; hoy, tampoco pudo contestar por estar alcanzado por la prohibición de la Justicia. 

El documento señala sobre las “denominadas apariciones” que todavía laSanta Sededebe “discernir su veracidad y autorizar las prácticas de culto”. En la “Virgen del Cerro” ya hayrezos del rosariolos sábados al mediodía; se realizan en laeremitaubicada en elbarrio Los Tres Cerritos,a diez minutos del centro salteño.        

Mario Antonio Cargnello, arzobispo de Salta, denunciado por supuesta violencia de género 12 días después del documento del VaticanoAICA

También se indica en el texto que lacomunidad del Carmelo“está obligada a la estricta observancia de las normas de ley en este aspecto, incluida laestricta observanciade laclausura monástica”. En esa línea, observa que “permitir a losfieles laicosresidir en modo permanente en el terreno del monasterio, participar de forma habitual a la vida de la comunidad monástica y permitir a los peregrinos acceder al terreno del monasterio constituye una clara implicación de la comunidad”.       

Aunque no lo menciona explícitamente, la referencia claramente es a que la eremita de la “Virgen del Cerro” está construida en unterrenodonado por una familia porteña y puesto a nombre de la congregación “en custodia”, según confirmaron a este diario desde la fundación.Inmediatamente, el documento plantea que esas decisiones son “contra la voluntad delobispoy de lossacerdotesde ladiócesis, que lleva a una división de la comunidad de laIglesia         local”. Agrega que el monasterio, “permitiendo a la ‘vidente’, la Sra. Mara Livia Galiano de Obeid [sic], vivir en los locales propios y asignando algunos espacios para los peregrinos cercanos a este contexto, está claramente involucrado completamente en esta obra, contra la voluntad de la Iglesia local”.

“Es necesario señalar con fuerza que la comunidad de lascarmelitas descalzasde Salta debe vivir plenamente elcarisma carmelita, no unaObraque, en consecuencia, lleva a situaciones de tensión –añade–. Por esto se recomienda también una formación renovada en el espíritu de la Regla y según la tradición carmelitana, observando la propia tradición de vida monástica”.     

Problemas “complejos”

En la introducción de lo resuelto, se repasa que elVaticanorecibió documentación de lapriora de la ordenen Salta –no menciona cuándo– y que, atento a la “gravedad y complejidad” de los problemas, decidió ordenar una visita apostólica. Con el decreto del 18 de mayo de 2021 designó al obispo eméritoMartín de Elizalde, uno de los denunciados junto a Cargnello, y a la reverendaIsabel Guirov(nombrada por el arzobispo de Salta el 26 de julio de 2021) como “visitadores” para “examinar los problemas planteados”.       

La visita, según describe el documento, fue entre el 26 de octubre y el 4 de noviembre de 2021; el 30 de diciembre enviaron su informe. El 30 de marzo pasado se dio por concluida esa tarea, suprimiendo los cargos de visitadores.

La Justicia ordenó una custodia policial en el convento San Bernardo y prohibió a los curas denunciados acercarse a menos de 300 metrosJavier Corbalan

LaCongregación de los Institutos para la Vida Consagradaadmite que el monasterio “goza de su debida autonomía”, pero señala que está “bajo la vigilancia del obispo diocesano” quien –dice– tiene “el derecho de visitarlo y de recibir”. Actualmente, el arzobispo Cargnello y los otros dos curas acusados están impedidos de acercarse a menos de 300 metros del convento por unaorden de restricción perimetralimpuesta por la Justicia tras la denuncia porviolencia de género.     

El documento hace constar que la priora tiene “el deber de presentar un informe anual sobre la administración de los bienes” y la economía del convento.

“La administración de losbienes temporales del monasteriodebe ser transparente y presentada a la comunidad en todos sus aspectos, porque los bienes temporales son bienes de toda la comunidad y la priora y la ecónoma son solo sus administradoras en nombre de la comunidad –añade el texto–. Para latransparencia de la economíay la administración de los bienes, el monasterio debería nombrar, preservando la propia ley, una ecónoma, de modo que el priorato y el economato no estén concentrados en una sola persona”.    

Después de todas estas consideraciones, plantea que, en “diálogo” con el obispo, se debería instituir una “forma estable dereuniones regulares, que serviría para enfrentar las situaciones problemáticas de modo continuo”. También anuncia que se decidió nombrar un “asistente apostólico” para el monasterio. Y aclara que, en decreto separado, se indicarán sus competencias y compromisos. 

Para cerrar, pide que por “el bien de la Iglesia y de la comunidad” la resolución de “los problemas surgidos sea realizada en un espíritu de diálogo y de comunión entre la comunidad del monasterio y la Iglesia local”. No obstante, 12 días después las religiosas acudieron a la justicia ordinaria.

Gabriela Origlia




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