13 nov. de 2019
Juan Pablo Ruiz Soto
Estamos viviendo una crítica y desastrosa etapa en la vida nacional. Para superarla se requiere el trabajo conjunto de todos, sin distingo de partido político ni ideologías. Para que Colombia sea viable tenemos que gestionar un país donde se respete la vida humana y donde la defensa de la naturaleza no signifique un riesgo de vida.
Bajo ninguna circunstancia se puede aceptar que para resolver una diferencia se opte por acabar con la vida del otro. La inoperancia de la justicia y la carencia de gobierno está llevando a un masivo irrespeto por la vida humana y por todas las formas de vida en nuestro país. Hoy, quien viola la ley lo hace sin temor al castigo; no hay garantía de sanción para los criminales.
No es solo la confrontación entre la extrema izquierda y la extrema derecha lo que hoy explica los actos violentos en Colombia. La violencia ha llevado al asesinato de defensores del territorio y la naturaleza que protegen espacios de importancia local aislados de la política nacional, actos en muchos casos adelantados por la delincuencia común. Son asesinados porque, al defender la naturaleza y su espacio, se están interponiendo en el camino de una persona natural o en los intereses de algún grupo pequeño, mediano o grande. Para resolver la oposición se opta por asesinar. Corre peligro la vida de quien defiende el hábitat de un oso, un bosque de frailejones o las rondas de una cuenca. El viernes pasado fue asesinado en el área del Parque Nacional de los Nevados Carlos Arenas Salinas, conocido por los montañistas como Cejas. Según los vecinos, todo apunta a una acción de delincuencia común y no de grupos armados organizados.
Cejas era un líder campesino que trabajaba en una hacienda llamada África. Allí combinaba el trabajo en la finca con la conservación del páramo. Era guía de la llamada “Ruta del Cóndor”, un camino ecoturístico con el que se está impulsando el conocimiento y la defensa del ecosistema del páramo y la conservación del agua.
Según El Nuevo Día (09/11/2019), algunos allegados dijeron que, hace dos meses, Carlos había interpuesto una demanda ante Cortolima por el corte de unos árboles en cercanías del páramo. Cortolima actuó y decomisó la madera; desde ese momento Carlos fue amenazado y ahora está muerto.
No es posible que así se resuelvan los conflictos ambientales. Según Global Witness —una organización internacional que hace seguimiento a los homicidios de líderes ambientales y defensores de la tierra—, Colombia fue en 2018 el país de toda América donde se asesinó el mayor número de defensores de la naturaleza y del ambiente. En 2019, las cosas siguen muy mal y lo ocurrido a Carlos muestra que hay urgencia para actuar.
No puede ser que, por denunciar un delito ambiental, se asesine a una persona. La justicia no opera y la impunidad ha llevado a que ocurran hechos tan atroces como este. En un país medianamente civilizado esto no pasa y, si llegase a pasar, los asesinos son ubicados y condenados.
No podemos aceptar que se asesine a quienes defienden la naturaleza y el territorio. Ambientalistas, montañistas y caminantes exigimos justicia.
12 nov. de 2019
hay 132 títulos mineros dentro de territorio indígena
“Este ecosistema está a punto de desaparecer”: indígenas sobre la Sierra Nevada de Santa Marta
María Paula Ardila
Los representantes de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta exigen la suspensión de los megaproyectos que afectan el medio ambiente en su territorio. Entre el 22 y 23 de noviembre, durante un encuentro con el Gobierno, se responderá a la solicitud de las comunidades.
El Corazón del Mundo está en riesgo. Los mamos de las comunidades arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo dicen que el ecosistema de la Sierra Nevada de Santa Marta está a punto de desaparecer, y con él la cultura de estos cuatro pueblos indígenas. “Desde el principio de la existencia de nuestra madre, ella dijo que nosotros somos un solo conocimiento, un solo río, piedra y viento. Pero cuando empezaron a venir los hermanos menores se empezaron a generar problemas. Los mamos estamos preocupados”, manifestó Gelver Zapata, coordinador del equipo indígena que defiende la Sierra, a El Espectador.
Los hermanos menores son aquellos que no pertenecen a la comunidad indígena. “Lo estamos advirtiendo. Si sigue aumentando la minería en nuestro territorio, la nieve de la Sierra va a desaparecer”, afirmaron los mamos, quienes llegaron a Bogotá tras un largo viaje desde la Sierra para hacer una solicitud al gobierno de Iván Duque: el cese definitivo de las concesiones mineras y megaproyectos conferidos en la región.
Los días 22 y 23 de noviembre, durante el encuentro de alto nivel entre el Gobierno Nacional y el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra (CTC) en Valledupar, los indígenas sabrán si tienen el apoyo del Estado para detener la minería dentro de la Línea Negra, su territorio ancestral.
Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se expidió el decreto 1500 de 2018, el cual devolvió la esperanza a los pueblos. La Línea Negra pasó de tener 54 puntos sagrados a 348, que se expanden a La Guajira, Magdalena y Cesar.
Incluso, desde 2010, cualquier proyecto debe tener en cuenta el valor espiritual y ambiental del territorio, por lo que la Corte Constitucional amparó su derecho fundamental a la consulta previa y al debido proceso en la sentencia T-547. Sin embargo, estas comunidades han interpuesto varias tutelas ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, debido a que en 2014 se expidieron 132 títulos mineros vigentes sobre la Línea Negra, de acuerdo con los registros del Ministerio del Interior. Estos títulos no contaron con la consulta previa ni con el debido proceso al que tienen derecho las comunidades, según explicaron los indígenas. Además, hay 263 solicitudes más para adquirir títulos mineros en la zona.
Los efectos de la explotación minera sobre el medio ambiente son devastadores. La construcción de más de 40 canteras en territorios como Valledupar y Bosconia causa erosión en la parte media y baja de la Sierra, lo que afecta los cuerpos de agua. “En la parte baja se nota la afectación en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Para nosotros, la Ciénaga es un espacio sagrado porque tiene la función de equilibrar el agua que baja de la Sierra y la del mar. Los animales en la Ciénaga están muriendo porque no se cumple de manera correcta el proceso de condensación del agua”, explicó Jaime Luis Arias, secretario técnico del Consejo Territorial de Cabildos (CTC), a El Espectador.
A pesar de que el Cerrejón está ubicado en La Guajira, uno de sus tajos más antiguos está dentro de la Línea Negra, explicó Julio Fierro, geólogo de la Corporación Terrae y profesor de la Universidad Nacional. “La minería de carbón del Cerrejón afecta el ciclo del agua, está destruyendo acuíferos y cambiando el ciclo de infiltración y evaporaciones. De hecho, en el Cesar hay una tesis sobre cómo la migración de partículas de este polvillo de carbón también contamina el aire. Es decir, el daño no es solamente sobre el agua”, explicó Fierro.
Arias añade que en el desierto, y con la explotación minera, todos los vientos alisios que vienen de La Guajira contaminan la parte media y la parte alta de la Sierra. “Esto cambia el círculo de las lluvias, por lo que podemos ver la misma disminución de las cuencas hídricas”, explicó.
Para Sibelis Villazón, representante de mujeres del pueblo kankuamo, la minería legal e ilegal impide que la comunidad continúe con sus costumbres. “Nos afecta en la danza, en el tejido y en la música, principalmente por la contaminación de la explotación. Esas plantas con las que trabajamos ya no son las mismas. La interpretación que como pueblos indígenas tenemos con la madre naturaleza se está perdiendo. El ruido no nos permite interpretar lo mismo, no nos permite escuchar”, afirmó Villazón.
Los días 22 y 23 de noviembre, los pueblos indígenas esperan la respuesta del Gobierno a favor de detener la explotación minera y piden garantías de protección sobre su tierra: “El mismo Estado está atentando contra la cultura de nuestros pueblos. Exigimos la devolución del territorio para que no sigan creciendo enfermedades en contra de la madre tierra. La presión minera sobre nuestros territorios es un factor que genera desplazamientos, desintegración social y violación flagrante de nuestros derechos fundamentales”.
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